Defienden consulta de pueblos indígenas ante Plan de Desarrollo en SLP

El pasado 30 de marzo, se publicó el Plan Estatal de Desarrollo del estado de San Luis Potosí, en que que se organizará y proyectará la política de la administración pública a la que se dirige especialmente a fundamentar la orientación del desarrollo social de su comunidad. Según lo dispuesto por la Ley de Planeación, que establece que el Poder Ejecutivo debe realizar una consulta abierta, incluyente y participativa, esto se logra subsanado con foros, plataformas en línea, correos electrónicos y reuniones con expertos en distintos campos.

nota1Desde 2010 se cuenta en SLP con una Ley de Consulta Indígena en donde se señala la obligación de las autoridades de consultar a los pueblos y comunidades indígenas las políticas y reformas institucionales que les involucren y especialmente el Plan Estatal de Desarrollo. Para lograrlo, la Consulta prevé la conformación de un Consejo y el seguimiento de una metodología muy sencilla a fin de que se incorporen las opiniones y los aportes de la población indígena en el instrumento programático principal de la administración pública.

El derecho a la consulta se encuentra plasmado en diversos ordenamientos nacionales se internacionales, de hecho, fue uno de los principales elementos en los Acuerdos de San Andrés, también en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales. Sin embargo, esto no fue de relevancia para el poder legislativo y ejecutivo del Estado, ya que se aprobó  Plan de Desarrollo sin revisar ni enmendar la omisión frente a la población indígena de SLP.

De esta forma, los consejeros del Instituto para el Desarrollo Humano y Social de los Pueblos Indígenas iniciaron un proceso legal por el reconocimiento a su derecho político a la consulta mediante la interposición de diversas demandas de amparo. Con la asesoría legal de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y del Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz García, AC, presentando tres demandas de amparo.

Posteriormente, el 11 de abril, Margarita Viñas, directora del Indepi, interpuso un recurso de queja contra el auto que admite una de las demandas, pues considera que no se colma el interés legítimo y requiere que los promotores exhiban su acreditación como titulares de derechos ejidales. Además nos e convocó al Consejo del Indepi ni una sola ocasión desde su toma de protesta como funcionaria estatal.

Además de los consejeros del Idepi, representantes de las etnias Nahuas, Téenek, Xi’úi, Ñuu savi, Triquis, Wixarrikas, Mazahuas, han impugnado jurídicamente dicho Plan. Pues en realidad lo que se busca es que los pueblos y comunidades indígenas reivindiquen su derecho a participar en la vida política mediante la Planificación estatal. Esto como la continuación de las luchas históricas en la entidad por su derecho a la identidad, a la participación, al reconocimiento como personas sujetas de derechos.

Fuente: Portal La Jornada San Luis

Post Author: Apromeci

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