Éxito en chihuahua.

Indigenas de chihuahua ganaron juicio contra permiso de aprovechamiento forestal.

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La magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 5, Imelda Carlos Basurto, suspendió el permiso de aprovechamiento forestal otorgado por la Semarnat a un particular dentro de un territorio indígena.

Ahora la comunidad indígena Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo, ganó el juicio de nulidad del permiso a la familia Fontes Lugo y Fontes Martínez, quienes tienen el control del ejido desde hace varias décadas.

Imelda Carlos Basurto les informó la anulación de las autorizaciones al permiso de “Aprovechamiento de recursos forestales” y el programa de “Manejo forestal avanzado”, otorgado por la dependencia federal al ejido Coloradas, cuyos representantes son las familias mencionadas.

El resolutivo de la juzgadora obliga a Semarnat a abstenerse de autorizar, expedir o ejecutar cualquier programa de manejo forestal para el aprovechamiento de recursos maderables dentro de la superficie en posesión de la comunidad indígena, mientras le sea garantizado el derecho al consentimiento, libre, previo e informado, que se le reconoce como derecho de los pueblos indígenas contenidos en convenios y tratados internacionales vigentes, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La misma magistrada determinó en un juicio anterior, que la comunidad no tenía personalidad jurídica para acudir al Tribunal Agrario, ya que la Ley Agraria sólo reconocía ese derecho a los núcleos (ejidos y comunidades agrarias).

Esa resolución fue revertida por el Tribunal Superior Agrario, que tomó en cuenta la jerarquía jurídica que reconoce, por mandato constitucional, de convenios y tratados internacionales.

Para la organización Alianza Sierra Madre, que ha acompañado a la comunidad en su lucha jurídica, social y política, esta resolución reconoce que las comunidades indígenas, como es el caso de Cloradas de la Virgen, pueden acudir ante los tribunales agrarios.

Alianza Sierra Madre llamó a las instituciones del Estado mexicano de nivel estatal y federal para que garantice el cumplimiento del Estado de Derecho, tanto en el cumplimiento de la sentencia, como en la seguridad de las autoridades y de los indígenas, así como del personal de la organización que los asesora.

Nota: Proceso

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